Ley 56/2003 de Empleo

Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Regula el régimen jurídico de estos servicios y la contratación electrónica (art. 1). Obliga al prestador a facilitar acceso permanente, fácil y gratuito a su información identificativa (art. 10), prohíbe comunicaciones publicitarias no solicitadas por correo electrónico o medios equivalentes (art. 21) y exige consentimiento previo, previa información clara, para usar dispositivos de almacenamiento en equipos terminales (art. 22).

Denominación de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y los interlocutores sociales que han configurado la formación de los trabajadores ocupados en España. Según el preámbulo de la Ley 30/2015, a partir del Real Decreto 631/1993 el reciclaje profesional de los ocupados se articuló mediante los Acuerdos Nacionales sobre Formación Continua firmados en 1992, 1996 y 2000, y el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo de 7 de febrero de 2006 dio lugar al Real Decreto 395/2007, que integró la formación ocupacional y la continua en un único modelo.

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, que establece las normas relativas a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Es obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro desde el 25 de mayo de 2018; la Ley Orgánica 3/2018 adapta a él el ordenamiento español. Exige al responsable y al encargado del tratamiento medidas técnicas y organizativas apropiadas, como el cifrado de datos personales (art. 32).

Convenio colectivo cuyo ámbito de aplicación es un sector de actividad, fruto de la negociación entre representantes de los trabajadores y de los empresarios en virtud de su autonomía colectiva. Regula las condiciones de trabajo y de productividad y obliga a todos los empresarios y trabajadores incluidos en su ámbito durante su vigencia (art. 82 del Estatuto de los Trabajadores). En los convenios sectoriales, la legitimación para negociar se determina conforme al artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, aprobada por la Jefatura del Estado. Según su artículo 1, tiene por objeto adaptar el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2016/679 y completar sus disposiciones, así como garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al artículo 18.4 de la Constitución. En la formación bonificada rige el tratamiento de los datos personales de los participantes por parte de las entidades intervinientes.

Convenio colectivo negociado en el ámbito de una empresa. Según el artículo 87.1 del Estatuto de los Trabajadores, están legitimados para negociarlo, en representación de los trabajadores, el comité de empresa, los delegados de personal o las secciones sindicales que sumen la mayoría de los miembros del comité. Conforme al artículo 84.2, tiene prioridad aplicativa sobre el convenio sectorial en las materias tasadas que allí se enumeran, entre las que no figura la cuantía del salario base.