¿Es bonificable la formación obligatoria? PRL, CAP, RGPD, igualdad, LGTBI

A los responsables de formación les llega antes la pregunta que la respuesta. Una empresa de transporte tiene a media plantilla con la tarjeta CAP a punto de caducar. Una empresa de cien trabajadores acaba de aprobar su plan de igualdad y necesita formar a la comisión instructora del protocolo de acoso. Una asesoría va a renovar la formación de RGPD de su personal porque la AEPD cada vez aprieta más. En los tres casos, la formación viene impuesta por la ley o por el convenio. Y en los tres casos surge la misma duda: ¿podemos pasarla por el crédito FUNDAE? La respuesta es que sí, casi siempre, y la propia FUNDAE lo deja por escrito en su web cuando explica qué formación queda fuera del PIF. Lo que de verdad importa es entender por qué, dónde está la única zona realmente discutida y, sobre todo, la línea roja que separa la formación bonificable del fraude documentado por FUNDAE en su nota oficial de octubre de 2019.

La gran pregunta: ¿es bonificable la formación que la ley me obliga a dar?

Conviene empezar fijando con precisión qué se entiende por formación obligatoria, porque hay al menos tres familias distintas que conviven bajo el mismo paraguas y que la pregunta suele mezclar:

• Formación obligatoria por norma jurídica general: la que el legislador exige a cualquier empresa por el hecho de tener trabajadores o tratar determinados datos. La PRL del Art. 19 de la Ley 31/1995, la formación de los trabajadores en RGPD y LOPDGDD, la sensibilización en igualdad y prevención del acoso, la formación en prevención de la violencia hacia personas LGTBI desde el RD 1026/2024.
• Formación obligatoria por requisito profesional sectorial: la que la ley exige para poder ejercer una profesión o usar un equipo determinado. La cualificación inicial y la formación continua del CAP de transporte, la formación de manipulador de alimentos, la del operador de carretillas elevadoras, la de trabajos en altura, la de espacios confinados, la del personal de seguridad privada, la del consejero de seguridad ADR.
• Formación obligatoria por convenio colectivo: la que añade la negociación colectiva del sector, principalmente la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) y la Tarjeta Profesional del Metal (TPM).

La pregunta de fondo es la misma para las tres familias: si la empresa está obligada a darla, ¿el sistema de bonificación FUNDAE se la puede financiar? La respuesta institucional, leída con atención, está en la propia web de FUNDAE.

Lo que dice oficialmente FUNDAE: la cita textual de su web

La pieza de fuente primaria más clara la encontramos en la página oficial dedicada al Permiso Individual de Formación (PIF), dentro del apartado «Empresas › ¿Cómo bonificarte?». Allí, al delimitar qué tipo de formación no puede solicitarse a través del PIF, FUNDAE enumera literalmente:

Esa frase, leída en sentido directo, dice qué formación obligatoria queda fuera del PIF. Pero leída en sentido inverso dice algo mucho más importante: esa misma formación obligatoria está dentro del otro instrumento del sistema, la formación programada por las empresas. La razón es lógica: el sistema FUNDAE solo tiene dos cauces para que una empresa use su crédito, el PIF y la formación programada. Si FUNDAE necesita aclarar que el reciclaje obligatorio en PRL, las renovaciones del CAP, el reciclaje de seguridad privada y el manejo de equipos no van por el PIF, es porque sí van por el otro cauce. Si no fueran bonificables por ningún canal, ese aviso sería redundante.

El refuerzo de esta lectura está en el catálogo activo de especialidades formativas que la propia FUNDAE mantiene publicado en sus convocatorias 2024 y 2025. Hay decenas de programas oficiales con código FUNDAE específicos para PRL: SEAD025PO «Básico de gestión de la prevención de riesgos laborales» (50 h), EOCB010PO PRL en construcción, EOCQ0010 PRL para mantenimiento de maquinaria, EOCQ0011 PRL para maquinaria de movimiento de tierras, EOCB0017 PRL trabajos de albañilería, SSCI027PO PRL en limpieza, SEAD02 PRL en hostelería. Si FUNDAE no aceptara la bonificación de formación PRL, no mantendría un catálogo activo de programas formativos PRL en sus convocatorias. La existencia del catálogo es, por sí misma, doctrina aplicada.

Lo que sí es bonificable sin discusión

Hay un primer bloque amplio de formación obligatoria sobre el que no hay debate jurídico vivo. Se bonifica como cualquier otra acción formativa, siempre que cumpla los requisitos genéricos del sistema (vinculación al puesto, duración mínima de dos horas, diseño pedagógico real, comunicación de inicio y finalización en plazo, asistencia o aprovechamiento del 75%). Estas son las áreas:

• Igualdad de trato y prevención del acoso sexual y por razón de sexo. Marco: Ley Orgánica 3/2007 y Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, cuyo artículo 12 obliga a las empresas a promover la sensibilización y ofrecer formación a todo el personal. Plenamente bonificable, vinculada a la mejora de las competencias sociales y organizativas de la plantilla.
• Prevención de la violencia y discriminación hacia personas LGTBI. Marco: Ley 4/2023 y RD 1026/2024 de 8 de octubre, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a establecer medidas planificadas y un protocolo específico. La formación a la plantilla y a la comisión instructora del protocolo es bonificable.
• Protección de datos a los trabajadores que tratan datos personales en su puesto. Marco: RGPD UE 2016/679 y LOPDGDD 3/2018. La formación al trabajador es bonificable; el servicio de adecuación de la empresa, no, como se detalla en el apartado dedicado más abajo.
• Manipulador de alimentos. Marco: Reglamento UE 852/2004 y RD 109/2010. Formación obligatoria para personal de hostelería, restauración, comercio alimentario e industria alimentaria. Bonificable sin discusión.
• Primeros auxilios cuando la formación está vinculada al puesto y a la actividad de la empresa. Bonificable como acción formativa específica vinculada a la mejora de las competencias del trabajador.
• Reciclajes obligatorios sectoriales: manejo de carretillas elevadoras, trabajos en altura, prevención de incendios, espacios confinados, montaje y uso de andamios, plataformas elevadoras móviles. Citados expresamente como bonificables por FUNDAE en la cláusula PIF cuando se refiere a «equipos de trabajo».
• Cualificación inicial y formación continua del CAP de transporte. Sección propia más adelante.

En todas estas áreas la regla general aplica con normalidad: comunica el inicio del grupo, imparte la formación con plataforma adecuada o aula homologada, comunica la finalización con los participantes que han superado el 75%, aplica la bonificación en el boletín de cotización del mes correspondiente. Sin más complicaciones que las generales del sistema bonificable.

El caso PRL del Art. 19 LPRL: lo que pasó y dónde estamos

Aquí es donde reside el único debate jurídico abierto sobre formación obligatoria bonificable, y conviene contar la cronología sin atajos porque la situación es viva y se ha movido varias veces en los últimos cuatro años.

El artículo 19 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales impone al empresario la obligación de formar a cada trabajador en los riesgos específicos de su puesto. En marzo de 2022, la Audiencia Nacional dictó una sentencia, derivada de un expediente sancionador de la Inspección de Trabajo, que estableció que la formación obligatoria de PRL prevista en ese artículo 19 no podía considerarse formación profesional para el empleo en los términos de la Ley 30/2015 y, por tanto, no era bonificable. La sentencia distinguió entre la formación específica obligatoria (no bonificable) y la formación PRL transversal de carácter no obligatorio, que sí podía bonificarse con un límite de horas pequeño.

El criterio creó un periodo de incertidumbre prolongado. Asociaciones del sector (Aenoa, Autoforma, AEFORMA), organizaciones empresariales (CEOE, CEPYME, PIMEC) y entidades como la Fundación Laboral de la Construcción discreparon abiertamente, argumentando que la sentencia se refería a un caso concreto y que ni la Ley 30/2015 ni el RD 694/2017 contienen ninguna exclusión expresa de la formación PRL. La FUNDAE no se pronunció en sentido contrario a su práctica anterior, que era admitir la bonificación.

En octubre de 2023, el SEPE emitió una instrucción a sus delegaciones territoriales según la cual los inspectores debían abstenerse de intervenir en acciones formativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales que estuvieran financiadas en el marco de la formación programada por las empresas, hasta que se desarrollara una normativa específica que clarificara la cuestión. Esta directriz tuvo un efecto inmediato: las gestiones de bonificación de cursos como TPC, TPM, manejo de carretillas elevadoras o trabajos en altura se reactivaron con normalidad.

En enero de 2024, dos sentencias del Tribunal Supremo —la 581/2024 de 30 de enero y la 590/2024 de 31 de enero— confirmaron que las empresas y entidades organizadoras pueden impugnar ante la justicia administrativa las decisiones de no conformidad emitidas por el SEPE en materia de formación bonificada. Es un hito de garantía: si la Administración deniega una bonificación PRL, hay vía judicial expresamente reconocida para defenderla.

Durante 2025, sin embargo, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante emitió una resolución que declaró indebida la bonificación de un curso PRL de manejo de carretillas elevadoras de más de 6 horas, recordando que la inseguridad jurídica no se ha cerrado del todo. La cuestión, hoy, sigue sin haber sido resuelta por una norma específica.

El CAP de transporte: dos modalidades, dos reglas

El Certificado de Aptitud Profesional es la formación obligatoria más relevante para empresas de logística, transporte de mercancías y transporte de viajeros. Lo regula el RD 1032/2007 que traspuso la Directiva 2003/59/CE, modificada por la Directiva UE 2018/645, y desarrollado por el RD 284/2006 sobre formación de conductores. La pieza interesante es que la propia FUNDAE cita expresamente las «renovaciones de CAP» en su web del PIF como ejemplo de formación obligatoria para el empresario, lo que clarifica de partida su encaje en formación programada.

El CAP tiene dos modalidades muy distintas y conviene no confundirlas porque su gestión bonificable cambia:

Para que la bonificación del CAP sea pacífica, el centro de formación debe estar doblemente acreditado: por un lado, autorizado por la Comunidad Autónoma como centro de formación CAP (es la única acreditación que permite expedir la tarjeta); por otro, acreditado o inscrito en el Registro Estatal de Entidades de Formación de FUNDAE para emitir factura bonificable. La modalidad debe ser presencial: el aula virtual no se acepta para CAP por requisitos del Ministerio de Transportes, y aunque las plataformas de e-learning sí pueden complementar contenidos, la parte computable del curso se imparte en aula homologada con control biométrico de asistencia.

Un detalle que se le escapa a algunos gestores: el PIF excluye explícitamente las renovaciones de CAP. Si un conductor pide a su empresa que le pague el curso CAP de renovación, la operación nunca puede ir por el PIF (que está pensado para titulación oficial voluntaria), siempre va por formación programada como acción formativa presencial. Lo que sí podría encajar como PIF es el carnet C o C+E con titulación oficial DGT, pero solo si no es una formación obligatoria para el empresario por convenio.

RGPD y LOPDGDD: la frontera más nítida del sistema

El caso de la formación en protección de datos es paradigmático y merece desarrollo propio porque ha generado en el pasado el mayor volumen de fraude documentado en el sistema FUNDAE y porque la propia Fundación se pronunció oficialmente sobre él.

El 3 de octubre de 2019, la entonces Fundación Tripartita publicó una nota informativa, todavía accesible en fundae.es, en la que advertía a empresas y consultores sobre la existencia de entidades que ofrecían servicios gratuitos de implantación, auditoría y asesoría jurídica en protección de datos y los financiaban con cargo al crédito formativo. La nota cita textualmente:

La doctrina que se desprende de esa nota es la frontera más limpia del sistema. Lo que no se puede financiar con el crédito FUNDAE no es la formación sobre protección de datos, sino los servicios de cumplimiento normativo prestados a la empresa disfrazados de formación. Es una distinción operativa muy concreta:

Esta misma lógica se extiende por analogía a cualquier otra obligación normativa. La formación del personal sobre obligaciones del compliance es bonificable; el desarrollo de un programa de compliance para la empresa, no. La formación sobre la AI Act a los responsables de IA es bonificable; el inventario y la evaluación de impacto de los sistemas de IA, no.

Igualdad y prevención del acoso: la formación que protege a la empresa

La formación en igualdad y prevención del acoso ha pasado en cuatro años de ser un nicho a ser una obligación transversal. El marco normativo vigente la convierte en una de las áreas formativas con encaje más limpio en el crédito FUNDAE:

• Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva, artículo 48: las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo.
• Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, artículo 12.2: las empresas promoverán la sensibilización y ofrecerán formación para la protección integral contra las violencias sexuales a todo el personal a su servicio. Esta es la base legal con mayor proyección formativa actual.
• RD 901/2020 de planes de igualdad: obliga a las empresas de 50 o más trabajadores a tener plan de igualdad registrado. Aunque el plan no es formación, la formación a la comisión negociadora y la formación a la plantilla sobre el contenido del plan sí son bonificables.
• Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI y su reglamento de desarrollo, el RD 1026/2024 de 8 de octubre, imponen a las empresas de más de 50 trabajadores la obligación de adoptar un conjunto planificado de medidas y un protocolo específico de actuación contra el acoso y la violencia hacia personas LGTBI.

La formación derivada de estos cuatro instrumentos —sensibilización general a la plantilla, formación específica a la comisión instructora del protocolo, formación al equipo de Recursos Humanos sobre brecha salarial y registro retributivo, formación sobre identidad de género y diversidad— es plenamente bonificable como formación programada. No hay debate jurídico, no hay exclusión normativa expresa, y encaja con limpieza en el criterio general de mejora de las competencias sociales y organizativas de la plantilla.

El único matiz que conviene tener presente es la duración mínima de dos horas que la práctica del SEPE ha consolidado como umbral. Las microformaciones de 30 o 45 minutos sobre acoso, aunque legales como sensibilización, no encajan en el sistema bonificable porque no llegan al umbral pedagógico mínimo. Si quieres bonificarlas, agrúpalas en cápsulas formativas de al menos dos horas con objetivos de aprendizaje articulados.

Las tres reglas de oro de la formación obligatoria bonificable

Tras leer la nota FUNDAE de 2019, los criterios reiterados del SEPE y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de 2024, las reglas operativas que decide la bonificación de cualquier formación obligatoria —sea PRL, CAP, RGPD, igualdad o cualquier otra— se condensan en tres principios que conviene aplicar como filtros consecutivos:

Estas tres reglas, aplicadas en orden, eliminan el 99% de las dudas reales. Si tu curso pasa los tres filtros, encaja con tranquilidad en formación programada bonificable, sea cual sea la obligación normativa de origen.

Mapa-resumen por tipo de formación obligatoria

Esta es la fotografía consolidada que un responsable de formación necesita tener delante cuando planifica el ejercicio. El semáforo refleja el grado de claridad institucional, no el valor formativo:

Antes de comunicar el inicio: el checklist de la entidad organizadora

La pregunta operativa a responder no es «¿esta formación es bonificable?» en abstracto, sino algo más concreto: «¿el curso que voy a comunicar pasa los tres filtros?». Esta es la lista que una entidad organizadora razonable repasa antes de mecanizar el inicio del grupo en la aplicación de FUNDAE:

1. El curso aporta competencias al trabajador. Los objetivos de aprendizaje describen qué sabrá hacer el participante al terminar, no qué obligación cumplirá la empresa al haberlo dado.
2. Duración igual o superior a dos horas. Si es menor, agrupa cápsulas en una acción formativa única con un objetivo articulado.
3. Plataforma o aula con trazabilidad. En teleformación, registro de tiempos y conexiones del participante; en presencial, hoja de asistencia firmada con sello horario; en aula virtual, plataforma con sello de entrada y salida por participante; en mixta, ambos registros.
4. Vinculación con la actividad de la empresa. Aunque la formación sea obligatoria por ley, el contenido tiene que ser coherente con el puesto del trabajador; un curso de PRL para el responsable de almacén no se justifica con la misma ficha que un curso para el equipo administrativo.
5. Diseño pedagógico real, no documental. Hay materiales, ejercicios, tutorización efectiva y evaluación. No se entrega un PDF y se firma una hoja.
6. La factura describe formación, no servicios. Verifica que la factura del proveedor describa la acción formativa con su denominación, código, número de horas, número de participantes, fechas. Si describe «adecuación a normativa», «auditoría», «implantación» o «asesoría jurídica», pide rectificación.
7. Si es PRL específico del Art. 19 LPRL, revisa que el diseño formativo enfatice las competencias profesionales del puesto y no se limite a la mera transmisión documental del riesgo. Mantén la duración por debajo de 6 horas cuando puedas, o documenta especialmente el componente competencial cuando supere ese umbral.
8. Comprueba la habilitación adicional cuando aplique. CAP exige autorización del centro por la Comunidad Autónoma; seguridad privada, autorización del Ministerio del Interior; manipulador de alimentos, autorización autonómica de salud pública. La acreditación FUNDAE no sustituye la habilitación sectorial.

Cierre operativo

La pregunta sobre la bonificabilidad de la formación obligatoria, leída con atención, no es realmente una pregunta sobre el sistema FUNDAE. Es una pregunta sobre la naturaleza de lo que se está financiando. Cuando lo que se financia es la mejora competencial del trabajador, sea por imposición legal, sectorial o convencional, la formación encaja en el sistema con normalidad y la propia FUNDAE lo reconoce expresamente al delimitar el PIF en su web oficial. Cuando lo que se financia es un servicio prestado a la empresa para resolver una obligación de cumplimiento normativo, no encaja, no por ningún tecnicismo del crédito formativo sino por una razón de fondo más simple: ese gasto no es formación.

El único territorio realmente discutido sigue siendo el PRL específico del Art. 19 LPRL, donde la sentencia de la Audiencia Nacional de 2022 abrió un debate que el SEPE matizó en 2023 y que el Tribunal Supremo reforzó en 2024 a favor de la defensa de la bonificación. La señal institucional, leída en conjunto, es que la práctica continúa con respaldo, mientras la inseguridad jurídica residual recomienda diseño pedagógico riguroso y trazabilidad documental impecable. La FUNDAE mantiene catálogo activo de especialidades PRL en sus convocatorias 2024 y 2025; ese hecho objetivo, leído junto al posicionamiento del SEPE de octubre de 2023 y a las STS de enero de 2024, dibuja una postura institucional consistente.

El RD 1189/2025, vigente desde el 1 de enero de 2026, ha reforzado la trazabilidad y el control documental sin alterar la mecánica de la bonificación. Su efecto práctico es que la diferencia entre una empresa preparada y una empresa expuesta es, hoy más que nunca, la calidad del expediente: que la formación obligatoria que se bonifica se haya impartido como formación de verdad, no como formato burocrático para justificar una factura. Si esa pieza está bien, todo lo demás funciona.