Curso online de Prevención de riesgos laborales y medi oambientales en la industria gráfica bonificado

La prevención en una empresa gráfica parte de los conceptos básicos: la relación entre trabajo y salud, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, sus repercusiones económicas y de funcionamiento, el marco normativo y los organismos públicos competentes. Continúa con los riesgos generales en el manejo de herramientas y equipos, en la manipulación de sistemas e instalaciones y en el almacenamiento y transporte de cargas, con la actuación en emergencias y los primeros auxilios, y termina con los riesgos específicos del sector: buenas prácticas medioambientales, uso de los recursos y de los materiales y gestión de los residuos.

El sector está formado sobre todo por empresas pequeñas. Según el Directorio Central de Empresas del INE, a 1 de enero de 2025 había 12.555 empresas de artes gráficas y reproducción de soportes grabados; 5.226 no tenían asalariados y, del resto, 4.165 tenían uno o dos. La obligación de formar no depende del tamaño, pero sí la forma de organizar la prevención: en las empresas de hasta diez trabajadores, o de hasta 25 con un único centro, el empresario puede asumirla personalmente si trabaja de forma habitual en el centro, tiene la capacidad necesaria y la actividad no figura en el anexo I del Reglamento de los Servicios de Prevención. El informe anual del INSST sitúa el índice de accidentes con baja del sector en 2024 en 2.917,2 entre los hombres y 1.367,0 entre las mujeres.

El artículo 19 de la Ley 31/1995 obliga a garantizar a cada trabajador una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, centrada en su puesto, y el artículo 30.5 permite al empresario de una pequeña empresa asumir personalmente las funciones preventivas. El RD 39/1997 solo lo admite si la actividad no figura en su anexo I, excluye de esa asunción la vigilancia de la salud y exige la capacidad correspondiente a las funciones que se asuman (artículo 11); para el nivel básico, una formación mínima de 30 horas, una formación profesional o académica equivalente o dos años de experiencia (artículo 35.2). No formar es infracción grave (LISOS, artículo 12.8). En lo ambiental, la Ley 7/2022 obliga al productor de residuos a asegurar su tratamiento adecuado y a acreditarlo documentalmente (artículo 20).