Curso online de Desarrollo de aplicaciones web distribuidas bonificado

Una aplicación web distribuida reparte su funcionamiento entre servicios que se ejecutan en máquinas distintas y se comunican por la red. Las arquitecturas orientadas a servicios ordenan ese reparto: un modelo conceptual en el que cada servicio publica lo que ofrece, directorios donde se localizan los servicios disponibles y mecanismos de seguridad que deben diseñarse e implementarse desde el principio. La parte de programación consiste en construir los componentes que acceden a esos servicios distribuidos, programar los distintos tipos de acceso y usar las herramientas de desarrollo de servicios web, eligiendo los protocolos y estándares que encajan con cada aplicación.

La integración entre empresas es uno de sus ámbitos. Según Eurostat, en 2023, último año con datos, el 31,1% de las empresas españolas de 10 o más empleados, sin sector financiero, compartía por medios electrónicos con proveedores o clientes información de gestión de la cadena de suministro. La proporción sube con el tamaño: del 26,8% en las empresas de 10 a 49 empleados al 70,0% en las de 250 o más. A la vez, una parte de los servicios se contrata ya fuera: en 2025 el 33,7% pagaba servicios avanzados en la nube, como software de seguridad, alojamiento de bases de datos o plataformas para desarrollar y desplegar aplicaciones, frente al 26,4% de 2023.

Desde el 12 de septiembre de 2025 se aplica el Reglamento (UE) 2023/2854, de Datos (artículo 50). Su capítulo VI obliga a los proveedores de servicios de tratamiento de datos a eliminar los obstáculos para que el cliente cambie a otro proveedor o a una infraestructura propia, o use varios proveedores a la vez (artículo 23); desde el 12 de enero de 2027 no podrán cobrar costes por ese cambio (artículo 29), y los requisitos se extienden a la interoperabilidad para el uso en paralelo de servicios (artículo 34). Cuando los servicios tratan datos personales por cuenta de la empresa, el Reglamento (UE) 2016/679 exige un contrato con el encargado del tratamiento (artículo 28), y si se prestan al sector público, el Real Decreto 311/2022 extiende el Esquema Nacional de Seguridad a esos sistemas (artículo 2.3).