FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment)
La FRIA o evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales es una obligación del AI Act (Art. 27) que ciertos deployers de sistemas de alto riesgo deben realizar antes del primer uso del sistema. Es complementaria de la DPIA (RGPD) pero más amplia: cubre toda la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, no solo protección de datos. Aplica desde el 2 de agosto de 2026.
Definición rápida
La FRIA o evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales es una obligación del AI Act (Art. 27) que ciertos deployers de sistemas de alto riesgo deben realizar antes del primer uso del sistema. Es complementaria de la DPIA (RGPD) pero más amplia: cubre toda la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, no solo protección de datos. Aplica desde el 2 de agosto de 2026.
Explicación ampliada
Por qué importa para tu empresa
Para una empresa española que entre en el alcance de la FRIA (sector público, servicio público, scoring crediticio, suscripción de seguros vida/salud), prepararla a tiempo es obligación legal directa. La práctica recomendada: identificar antes de junio de 2026 si tu organización entra en alguna de las categorías; inventariar sistemas IA que serán alto riesgo desde 2 ago 2026; conducir FRIA por cada sistema, integrándola con DPIAs ya existentes; consultar con representantes de los grupos afectados cuando sea posible (refuerza calidad y defensa); documentar de forma que sea presentable a AESIA si hay inspección; revisar la FRIA cuando el sistema cambie sustancialmente. La AI Office publicará una plantilla oficial; conviene no esperar a ella, los criterios ya están claros y trabajar antes ahorra tiempo.
Ejemplo concreto
Un ayuntamiento mediano español preparó FRIA en marzo-abril de 2026 para tres sistemas IA municipales: un asistente conversacional para ciudadanos (concluyó: no alto riesgo, FRIA no obligatoria pero hicieron evaluación voluntaria simplificada), un sistema de detección de fraude en ayudas sociales (alto riesgo Anexo III punto 5.c, FRIA obligatoria), y un sistema de optimización de rutas de servicios municipales (no alto riesgo). FRIA del sistema de fraude: 6 semanas de trabajo, consultora externa especializada (~18.000 €), participación de Servicios Sociales y representante de defensoría ciudadana, documentación de mitigaciones (supervisión humana real en cada caso señalado, canal de reclamación específico, revisión semestral). Resultado: sistema desplegado el 1 de agosto con expediente FRIA listo, presentado a la autoridad. Sin sustos en agosto.